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Luego de 11 meses de restricciones por pandemia, y tras varios años de caída en la actividad económica -que ha provocado el cierre de una gran cantidad de negocios y puesto en una situación crítica a otros tantos-, vemos con decepción que, lejos de escuchar las propuestas y atender los reclamos de medidas concretas de ayuda que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas superar esta crisis y poder seguir generando trabajo y recursos, se siguen tomando medidas que van en sentido opuesto.

Ante la necesidad de que se promueva la generación de trabajo, sin embargo, se mantiene la doble indemnización y la imposibilidad de despido; a pesar de la descomunal carga tributaria que ahoga al sector comercial y productivo, se deciden controles de precios y aumento de impuestos. Pareciera que el Estado y la actividad privada vivieran en países diferentes, con realidades diametralmente opuestas. Se tiene la sensación de que los que tienen la responsabilidad de velar por el bienestar general, generando las condiciones para el mejor desarrollo de los distintos sectores económicos y productivos, no tuvieran en cuenta que es la actividad privada la que sostiene la estructura del Estado, y no a la inversa. Sin empresas ni comercio no hay a quién cobrarle impuestos, el Estado bien administrado puede ayudar a un buen desenvolvimiento del sector privado, creando las condiciones para su libre, justo y equitativo funcionamiento, apoyando y colaborando además con la infraestructura necesaria, pero, lo que no puede, es hacer caso omiso del mismo, eso ya es algo probado en otros lados y todos conocemos el resultado.

Desde la Cámara, conjuntamente con CAME y FEBA -entidades de las que formamos parte-, continuamos insistiendo en la necesidad de una mesa de diálogo, que permita lograr el consenso necesario para encontrar una salida y poner a nuestro país nuevamente en el camino del desarrollo económico y social que nunca debimos abandonar.